Andalucia y los ERE

Dos artículos:

El escándalo de los ERE revela una trama de fraudes en Andalucía

y

Investigación de las ayudas a empresas en crisis

Ilustran perfectamente porque en España debería estar prohibida toda ayuda pública o subvención a empresa mientras no existan mecanismos de control ni sancionador válidos.

Un extracto del segundo:

Para conceder la mayoría de ayudas no existía un estudio de viabilidad de la empresa ni control a posteriori del destino del dinero. [...] Ante la falta de control, hubo empresarios que invirtieron sus subvenciones de manera reglada en maquinaria y contrataciones, otros que destinaron solo una parte de los fondos a inversión empresarial, y otros que cerraron su firma al poco tiempo de recibir una ayuda millonaria.

mapa de la corrupción

o corruptódromo, localizado siguiendo información sobre la iniciativa nolesvotes

Los supersueldos de los administradores de Cajamadrid con dinero público

caja Madrid paga un bonus de 25 millones a 10 ejecutivos tras recibir ayudas públicas multimillonarias

Otra muestra más de absoluta falta de escrúpulos de los empresarios, y de la falta de control del gobierno en el destino que otorga a los enormes resursos surgidos de nuestros impuestos. Como no va a existir deficit cuando se malgasta dinero público de esta forma.

Esta claro que las subvenciones son siempre un estafa para los ciudadanos: el desvio de dinero público hacia empresas, a menudo con la excusa de fomentar la contratación, es un robo, una práctica que debería estar prohibida. Todavía más si no se exige (via mecanismos de control) al "agraciazado", que ciertas prácticas y el destino de esos fondos no puede ser cualquier corruptela que se les venga a la mente.

¿Donde está la responsabilidad de un directivo cuando su empresa pierde millones de euro y ellos siguen cobrando "primas" (¿viene de premio?) millonarias? A Caja Madrid debería vetarsele el acceso a cualquier ayuda pública o, al menos, condicionarse a la expulsión sin indemnización de esos directivos inútiles.

El coste del clientelismo

Una estimación del coste de contratar a las empresas de amigos. Destacar que sólo tiene en cuenta el coste en el que incurren las Comunidades Autónomas, no incluye al estado español ni ayuntamientos.

Las prácticas contra el mercado cuestan 3.000 millones en los contratos públicos

Aparte del gasto extra en que incurren las administraciones, considero mucho más grave el perjuicio que ocasiona a la competencia este tipo de prácticas.

Hipotecas saqueo

¿Acabará la justicia por corregir en España los abusos de los bancos, autorizados por el gobierno, a los usuarios de hipotecas? Dos noticias acerca de sentencias judiciales hacen pensar que esto podría llegar a ser realidad:

Un juez avala por primera vez que devolver el piso liquida la hipoteca

y

Un juez anula los 'suelos' de las hipotecas "por abusivos

Lamentablemente, estas decisiones tendrán que ser revisadas por uno de los organismos más politizados del país, el tribunal supremo. Un ente en cuyo proceso de elección de miembros, la separación de poderes ha quedado totalmente mancillada.

Administradores que saquean sus empresas

No podía faltar este personaje, como casi ninguno de los cabecillas que dirigen la CEOE, amigos de trincar y de victimizarse cuando tienen que enfrentarse a un mercado minimamente competitivo. Desde hace muchos meses sorprendía (quiero decir que en un país del primer mundo sorprendería) su resistencia a abandonar un sillón bien remunerado aún cuando algunas de sus empresas estaban en la ruina y debería dedicarles toda su atención. Ahora resulta que el individuo se dedicaba a saquear su propia empresa:

Ferrán cobró un finiquito de 20.000 euros por dos meses de alta en Marsans

no tiene derecho a atenión sanitaria por pertenecer a otra comunidad

En una muestra más de como los políticos intentan recortas gastos donde no deben

Puede sorprender ver este tipo de noticias en el blog, pero considero que se trata de un caso muy claro de una variedad de corrupción: el empeoramiento o negación injustificado de los servicios públicos, a pesar de un crecimiento permanente de los impuestos que pagamos.

Es también, una muestra más de la nula capacidad como gestores de los políticos españoles. Es evidente, para cualquier organización que, si mantienes los ingresos y niegas a tus clientes los servicios por los que pagan, tendrás una cuenta de resultados mucho mejor. Es de una simpleza que raya la imbecilidad. Para una empresa, a corto plazo, supone la perdida de esos clientes y la desaparición. Para los políticos responsables de estas medidas, en cambio, supone la desaparición de cualquier justificación de su existencia: su tarea es gestionar unos recursos para proporcionarnos unos servicios. ¿Qué sentido tiene que sigan existiendo?.
El coste que hay que atajar son los políticos incompetentes, no los servicios que disfrutan los ciudadanos y que pagan sobradamente.